Las víctimas del escándalo del spyware Predator en Grecia presentan una demanda de 8 millones de euros contra Intellexa

Ocho personas que afirman haber sido objetivo del llamado caso Predatorgate en Grecia han presentado una demanda civil contra el fabricante de spyware con sede en Atenas responsable de la herramienta de vigilancia, y reclaman un total de 8 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

Según el abogado de los demandantes, Zacharias Kesses, cada reclamante solicita 1 millón de euros en concepto de indemnización por daño moral por la presunta vulneración de sus dispositivos, que habría tenido lugar entre 2020 y 2021. El grupo incluye al periodista Thanasis Koukakis, uno de los nombres más destacados relacionados con el escándalo, así como abogados, personal de inteligencia y funcionarios de las fuerzas del orden.

La demanda menciona a Intellexa SA y a 13 personas vinculadas a la red corporativa más amplia que rodea a Predator, entre ellas el fundador de la empresa, Tal Dilian. Kesses afirmó que el escrito describe cómo las empresas y las personas implicadas supuestamente colaboraron para desarrollar, comercializar y utilizar el spyware.

Antecedentes del escándalo

Predator es una plataforma comercial de spyware capaz de tomar el control de teléfonos y extraer datos. La herramienta fue objeto de escrutinio en Grecia después de que surgieran informes sobre decenas de personajes públicos que habían recibido mensajes de texto con enlaces maliciosos. Posteriormente, los investigadores afirmaron que esos mensajes aprovechaban vulnerabilidades de Chrome y Android.

Las autoridades griegas han negado reiteradamente que el Estado o sus servicios de inteligencia estuvieran implicados en la operación. Una revisión de la fiscalía en 2024 concluyó que no había encontrado pruebas que vincularan al Gobierno o al servicio de inteligencia con el abuso, aunque los grupos de la sociedad civil siguen cuestionando si organismos públicos desempeñaron algún papel en la adquisición o el despliegue de la herramienta.

El ecosistema de Intellexa también ha afrontado presiones internacionales. En 2024, el Tesoro de Estados Unidos añadió a su lista de sanciones varias empresas relacionadas, entre ellas Intellexa SA, con sede en Atenas, y entidades de Irlanda, Macedonia del Norte y Hungría, por su apoyo a Predator.

A principios de este año, un tribunal griego de delitos menores declaró culpables a varias personas vinculadas a la red por violar la confidencialidad de las comunicaciones y acceder ilegalmente a datos personales. Recibieron largas penas de prisión, aunque se esperan apelaciones y la legislación griega limita el tiempo que finalmente pueden cumplir.

Presiones crecientes sobre la UE

La demanda llega mientras los grupos de defensa de los derechos presionan a la Unión Europea para que adopte una postura más firme frente al abuso de spyware en los Estados miembros. Han surgido controversias similares en España, Hungría y Polonia, lo que ha intensificado los llamamientos a favor de investigaciones más exhaustivas y una rendición de cuentas más clara.

• Los demandantes solicitan 1 millón de euros cada uno en concepto de daños morales.
• La demanda se dirige contra Intellexa SA y 13 personas asociadas.
• Los grupos de campaña instan a la UE a investigar con mayor contundencia el uso de spyware.